De la militarización pasiva a la activa

A finales de los años noventa, Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, planteaba que la seguridad pública se encontraba en una fase de militarización pasiva y que dicha estrategia obedecía a un reacomodo geostratégico y funcional del imperio estadounidense al final de la guerra fría. El campo de experimentaciones había sido Colombia y la inclusión de los los militares de ese país no sólo en tareas de contrainsurgencia sino en el combate al narcotráfico. De esta manera, los ejércitos nacionales latinoamericanos dejaban sus funciones de “defensa de la soberanía” a tareas de seguridad interna. Las élites militares latinoamericanas educadas en la “Escuela de las Américas” habían sido adiestradas en técnicas de control social, disolución de movimientos de resistencia y espionaje de las organizaciones sociales. De esta manera, las fuerzas armadas latinoamericanas pasaban estar supeditadas a las agencias norteamericanas (DEA, FBI) y bajo el control del Pentágono.
Al debilitarse los estados nacionales y amplificarse la corrupción de las corporaciones policiacas, las élites transnacionales y la burguesía nacional propugnaron por la incorporación de los militares en tareas de seguridad, entendida no como la protección social, sino como contención de los movimientos sociales. De que así fue, se destaca, porque los índices de delitos y el crecimiento de la delincuencia organizada no sólo no disminuyó durante los dos últimos sexenios, sino que se incrementaron en términos absolutos; de ahí, que la incorporación de los militares en tareas de seguridad fue la cortina de humo para que el ejército atendiera directamente la contención social.
Sin embargo, ello ha derivado en un mayor debilitamiento del Estado Mexicano, lo que a futuro significará un mayor control de las corporaciones estadounidenses y una participación más activa en suelo mexicano a la manera de Colombia.
No obstante lo anterior, López Obrador, en entrevista con Joaquín López Dóriga, nos sale con que hay que darle participación a los militares en tareas de seguridad, no sólo violentando aun más el orden constitucional, sino a contracorriente de las luchas tradicionales de la izquierda (lo que remarca aun más que él no es de izquierda.) Ya el PRD ha mostrado su beneplácito anteriormente en que los militares hagan funciones de policía. Durante el gobierno cardenista en el D.F. Enviaron militares a Iztapalapa (la zona con mayores índices de pobreza en aquella ciudad) para guardar la seguridad pública (en realidad controlar y mantener a raya los movimientos sociales que allí se gestaban. No olvidemos tampoco los linchamientos de Tláhuac. Los policías linchados eran militares en tareas de espionaje a organizaciones sociales.
La “Otra Campaña” debe destacar más firmemente este aspecto de la militarización del país. Cuando se habla de militarización pensamos instintivamente en Chiapas y el cerco militar, en Guerrero y el control que ejercen en las montañas del Sur; pero la militarización está aquí, entre nosotros. En los ya cada vez más militares al frente de las secretarías de seguridad, como jefes de las comandancias. La militarización del país ha pasado ya a un accionar más activo. Quieren engañarnos con un sobre dimensionamiento de la delincuencia (El noticiario de López Dóriga y los Hechos de Alatorre se han convertidos en vídeo notas rojas) con el propósito de que aceptemos pasivamente que los militares salgan de sus cuarteles para “protegernos”. El narcotráfico y el lavado de dinero, es un asunto de ricos y los ricos no se van a atacar así mismo. Ante los movimientos sociales hacen salir al ejército, señal de que ven a tales movimientos como enemigos a los que hay que hacer la guerra.
Frente a la militarización la organización social, ese es el escenario.