GUARDIA NACIONAL: CONSOLIDANDO LA MILITARIZACIÓN REGIONAL

GUARDIA NACIONAL: CONSOLIDANDO LA MILITARIZACIÓN REGIONAL

En 1997, siendo el primer jefe de gobierno electo del entonces Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas nombró a Rodolfo Debernardi como director de la policía capitalina. Debernardi, de origen castrense, contaba ya con un historial represivo contra militantes del PRD, pero eso no importó para que se hiciera cargo de las tareas de control de masas en la ciudad. A su vez, introdujo la sustitución del aparato policíaco por militares, principalmente en Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Su política de seguridad se supeditó a la política de sustitución civil por mandos y fuerzas militares y paramilitares implementada por Ernesto Zedillo a lo largo del país.

Otros gobiernos emanados del PRD en diversos estados y municipios, continuaron con dichas medidas de sustitución.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia avaló entonces la militarización de la seguridad pública, primeramente en 1996 y luego en el 2000, siendo entonces miembro de la misma Olga Sánchez Cordero.

En los albores del nuevo siglo, ya siendo Jefe de Gobierno, Andrés López Obrador transfiguró el mando militar importando a su vez el programa “Cero Tolerancia” diseñado por Rudolph Giuliani y caracterizado por sus violaciones en materia de derechos humanos. López Obrador invitaría a Giuliani hacia finales de 2001 vía Carlos Slim; como parte de la reterritorialización de la ciudad de México y el control del centro histórico de la misma. Se pagaron más de cuatro millones de dólares por la consultoría. En líneas generales este programa se caracterizó por incrementar las penalizaciones para los crímenes menores, estrategias de choque y pulverización de grupos de protesta, sometimiento de la policía a mandos y disposiciones militares, dispersión de grupos considerados indeseables para la nueva imagen comercial del centro histórico y hacer punible a la gente en condiciones de calle. También se unificó las funciones de policía preventiva de la judicial y la autorización para la creación de policías paramilitares privadas.

Mientras a nivel nacional se implementaba la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado, y Vicente Fox pondría en operación acuerdos conjuntos con los Estados Unidos para controlar su frontera sur, pasando los límites estratégicos de ésta del Río Bravo al Río Suchiate; a nivel local se supeditaba el actuar de la policía a los lineamientos neoyorquinos. En sí, la cuestión Giuliani fue la forma de pactar de los empresarios inmobiliarios y de la construcción con López Obrador. Recursos para obras públicas a cambio de territorios estratégicos. Por eso, más que combatir la criminalidad, lo que se hizo fue una toma de espacios públicos y del suelo para privatizarlos y realizar nuevos desarrollos inmobiliarios.

Aunado a lo anterior, se implementó el uso de tecnologías electrónicas de control y vigilancia en los territorios ocupados. La tarea de asegurar el control fue dada a corporaciones privadas de extracción militar y entrenamiento norteamericano e israelí. A esta policía eufemísticamente se le llamó Unidad de Protección Ciudadana. Cabe recordar, que para ese entonces, Slim era el principal empresario dueño de las tecnologías de la comunicación y vigilancia en México y que para entonces había signado una alianza estratégica con Microsoft y era uno de los principales aportantes del sistema de control policíaco denominado CompStat.

La policía entonces, lejos de combatir la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana, se dedicó a ser parte del engranaje de ocupación inmobiliaria y garante de las inversiones.

Para contener a los desplazados, Obrador recurrió a la corporatización de los ambulantes y demás gente en condiciones de calle. Esta tarea fue encargada a René Bejarano y Dolores Padierna. El PRD, hasta entonces, no había logrado consolidar una estructura clientelar que pudiera hacer frente a la del PRI, y esta era su oportunidad. Más tarde, dichos operadores serían claves para la implementación de ese mismo esquema en la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional. No recuperarían sus territorios y espacios, pero entrarían en la mecánica de dependencia de los programas sociales. Pequeños recursos a cambio de su reubicación. No entrarían a formar parte de los megaproyectos para la ciudad (Los segundos pisos, los beneficios turísticos del centro histórico, el reordenamiento del transporte citadino que volvía a manos privadas), pero se les ofrecía ser gestores de una insipiente fuerza electoral que no estuviera ya supeditada al aún hombre fuerte del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas.

Marcelo Ebrard sería el hombre del consenso entre los empresarios y López Obrador para la ciudad de México, sin embargo; a nivel nacional, los intereses norteamericanos, verían un carácter ambiguo e indeciso para la implementación del Plan Puebla-Panamá y El Plan Mérida en la figura de Andrés Manuel y optarían por un gobernante pusilánime y nefasto, pero más útil para sus intereses en ese momento: Felipe Calderón.

El uso de la fuerza policíaca para la ocupación de territorios de interés para desarrollos inmobiliarios y obra civil tendría su punto álgido en los hechos ocurridos en Oaxaca y sobre todo Atenco, donde el ya candidato presidencial, López Obrador guardaría silencio y distancia.

Durante el gobierno de Felipe Calderón el uso de los militares y la inclusión de la marina en tareas policíacas se hizo más patente. El territorio mexicano se convirtió en campo de guerra y México supeditó su soberanía a las decisiones militares del comando Sur. A pocos días de iniciado su gobierno enviaría al ejército a tomar el territorio michoacano, gobernado por un débil perredista a fin a Cárdenas, como lo era Leonel Godoy. De ahí en adelante, la estrategia para combatir la delincuencia y definir la seguridad pública, pasaría por los Acuerdos de la Iniciativa Mérida.

Las estrategias delineadas en la Iniciativa Mérida ya habían probado su accionar en Colombia y habían permitido al gobierno norteamericano el control del trasiego de las drogas en la región sur del continente. Ahora necesitaba colocar más armamento en el mercado mexicano, controlar la migración indeseable desde la frontera sur mexicana y no desde la suya, implementar el Plan Puebla-Panamá que le daba el control de los recursos estratégicos de esa zona y por último supeditar el mando policíaco-militar a las directivas estadounidenses. De esta forma, la líneas entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior fueron borradas existiendo solo la seguridad militar transfronteriza.

Durante ese periodo, López Obrador, lo que delineó en sus bosquejos de proyectos de nación fue el presentar una versión “amable” que fuera atractivo a los intereses estadounidenses, que suavizara la línea militarista al mismo tiempo que ofrecía garantías para las inversiones que interesaban al vecino del norte. Pero para ese entonces, la tendencia en la política norteamericana era frenar la injerencia china en los recursos energéticos del continente americano, por lo que optó por apoyar al candidato que ofreciera una vía rápida en el control del petróleo y la energía eléctrica y ese fue Enrique Peña Nieto, ya que el tema era tabú dentro del círculo perredista que aún controlaba López Obrador, dado que sus orígenes tenían como prócer al hijo del general Cárdenas, presidente de la expropiación petrolera.

A pesar de ello, el PRD rompería tanto con López Obrador, como con su fundador y votaría a favor de la reforma energética. Cuauhtémoc Cárdenas realizaría una insipiente resistencia, en tanto que López vería en ello una oportunidad electoral única y daría paso a la formación de su propio partido político.

Consolidado el control energético, Estados Unidos volvería al tema del control militar de México. Durante el gobierno peñanietista se crearía la Gendarmería Nacional, la cual es el gérmen de la Guardia Nacional hoy propuesta como reforma constitucional.

Y así llegamos a la situación actual. El lopezobradorismo arguye que el fracaso de la militarización de la seguridad pública se debe a la ineficiencia de los mandos civiles encargados de implementarla; pero por el contrario, ha sido exitosa para los fines para los cuáles fue diseñada.

Ver a la militarización del país como algo ajeno a los intereses del capitalismo regional y a las políticas de terror para el control civil dictadas desde 2001 con la guerra en Medio Oriente e Irak es ser por lo menos ingenuos. El modelo de ocupación militar en México sigue las mismas líneas y políticas diseñadas en Irak: Sustitución de los mandos civiles por militares, subordinación de estos al comando regional norteamericano, privatización de la seguridad pública y del sistema carcelario; uso de la policía paramilitarizada para la ocupación de territorios estratégicos; uso de tecnologías informáticas de control y vigilancia de la población, creación en el imaginario colectivo de un “enemigo” distractor (narcotraficantes, terroristas) y unificación de las fuerzas armadas.

La iniciativa de Ley para la creación de la Guardia Nacional contempla la continuidad de estas políticas y estrategias. Desaparece la Policía Federal para crear una policía netamente militar, dando carácter de constitucionalidad a la participación de elementos castrenses en dicha guardia. Adscribe como eje de dirección y articulación a los mandos militares en el combate a la delincuencia en un espectro amplio (no solo a la delincuencia “organizada”, sino a cualquier acto que el gobierno y las leyes de él emanadas consideren delincuenciales, lo cual incluye cualquier acto de resistencia civil). La iniciativa apunta: “Estará expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses...estará facultada como auxiliar del Ministerio Público” (lo que implica que los militares tendrán facultad para cumplimentar órdenes de aprehensión, de cateo, e investigación) y “esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que “los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo”.

También, la iniciativa define a la seguridad pública como “una función a cargo de la federación” lo que quita o sobordina el ejercicio de esta función a cargo de los Estados o municipios.

Como se puede observar, la iniciativa crea un régimen de excepción, y es técnicamente un golpe de Estado que se quiere convertir en constitucional.

El interés de López Obrador es hechar andar el Plan Puebla-Panamá y cumplimentar el control geoestratégico de los intereses norteamericanos en territorio nacional. Proyectos como el tren Maya, el enlace trasatlántico o el “desarrollo del sureste” son parte del citado plan y no puede echarse andar sin un control militar previo.

De esta forma, López Obrador implementa a nivel nacional lo que ya había esbozado en la Ciudad de México: Desplazamiento territorial de los inconformes afectados, control y vigilancia militar de la ciudadanía, afiliación clientelar electoral para aquellos que se supediten a su programa de gobierno. ¿Que esto implicará más muertes y violaciones de los derechos humanos? Sí, pero garantizará las inversiones transsnacionales y contendrá la migración indeseable para los estadounidenses. López Obrador se convierte de esta manera en el mejor operador de las directrices de Donald Trump para la región.

De allí, que dada su necesidad de control y pensando ya en un proyecto transexenal, otorgue a los militares el perdón y olvido. Tlatlaya, Acteal, Atenco, Iguala, entre otros pasarán al olvido para el actual gobernante y sus corifeos. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas, los abusos de autoridad y la impunidad pasarán a tener el resguardo constitucional. Esto es lo que implica la Guardia Nacional. Querer mirar hacia otro lado, justificar lo injustificable, llamar a la “unidad nacional”, a “tener esperanza y confianza” y creer que porque es “una persona honrada y valiente el ejército no se le saldrá de las manos, es convertirse en cómplice de las graves violaciones a los derechos humanos que se avecinan con esta ley.

No en nuestro nombre.

EL LOPEZOBRADORISMO COMO CIUDADANISMO VOLUNTARISTA.

EL LOPEZOBRADORISMO COMO CIUDADANISMO VOLUNTARISTA.

El mismo perro con otro collar (Dicho popular)

Para Marcelino Arias Sandi

Hacia el final de la contienda electoral, la estridencia de quienes se sienten ganadores ofusca no sólo la critica de sus contricantes, sino también aquellas voces que desde la periferia señalan errores, excesos, alianzas ambiguas y su funcionalidad en el sistema de dominación capitalista.

Los defensores a ultranza del lopezobradorismo, se ofenden ante la crítica y señalan a ésta como parte del “complot”, de “alianzas oscuras”, de no “amar a México”, de “hacerle el juego a la derecha”; sin detenerse a razonar si la crítica es correcta o no. Nada debe empañar el sentimiento triunfalista.

Centrado en una estrategia ciudadanista y voluntarista, el lopezobradorismo se presenta como opción democrática frente al capitalismo bursátil. Una opción que no rompe con las reglas del juego y que por supuesto no aspira a superar o a relevar al capitalismo, a lo mucho a paliar y maquillar sus efectos.

Sus seguidores no aspiran mas que a sustituir el látigo por uno de punta suave. Suavizar y “humanizar” al sistema, pero de ninguna forma cambiarlo. Presentándose como apolíticos, como un movimiento de masas, pretenden que la democratización del sistema solucione la crisis recurrente.

Para el lopezobradorismo el problema no es la dominación y la explotación, sino la falta de garantías electorales. Si las elecciones son más participativas, entonces, después del acto de depositar el voto, el engranaje del cambio vendrá desde la nueva élite que gobernará al país.

La gente que sigue a López Obrador golpeada por el capitalismo salvaje que ha precarizado sus ingresos y su medianía de clase, siente que la llegada a la presidencia de su candidato evitará la pérdida de su espacio y volverán sus privilegios y seguridad perdida. Por eso depositan sus acciones en los quehaceres de gobierno; que los gobiernos resuelvan los problemas que los amenazan, sin optar por ninguna organización social horizontal o autogestiva; ya vendrá Obrador y el se hará cargo del asunto.

Creen que si hay más democracia, las corporaciones serán menos salvajes o renunciarán voluntariamente a sus ganancias y al saqueo de riquezas. Según ellos, si el gobierno hace “su tarea” tiene el voto continuista asegurado y si no lo hace, lo“castigarán” con el cambio de voto. Piensan que si le se insufla más ética, los aparatos gubernamentales y sus contratistas serán menos corruptos y se creará un círculo virtuoso que diluya las lacras ahora imperantes y se vislumbre un “mejor futuro.”

Pero el capitalismo no tiene ni palabra, ni voluntad estética, ni ética. Siendo supranacional, impersonal y centrado en sus ganancias hará lo que a sus intereses convenga. No le interesa el gestor, le interesa que su reproducción esté garantizada. Y López Obrador no representa un peligro, por el contrario, hoy día, le ofrece estabilidad. Estabilidad necesaria frente a la vuelta del imperialismo doméstico norteamericano y frente a la globalización procedente de Asia.

Lo lamentable es que tanto la derrota obrera como la antisistémica, sólo ofrece un panorama de abandono, de renuncia, de imposibilidad. Ha sido tan brutal la violencia, la represión, el avasallamiento, que incluso aquellos que otrora se calificaban así mismos de libertarios, tras su renuncia a “crear un nuevo mundo”, nos presentan a dicho mundo encerrado en una boleta electoral donde se tachan las siglas de MORENA como “la Esperanza”. Es el momento de la vía electoral, nos dicen, de no “hacerle el juego a la derecha”, ya habrá tiempos y momentos para corregir el rumbo, ahora, Andrés Manuel nos necesita. Renunciar a la lucha, apostar por el perdón y el olvido, perder la dignidad.

Salir de la lógica electoral es la posibilidad de pensar más allá de la reforma estética del capitalismo. Es pensar más allá del keynesianismo como paradigma de bienestar. Es salir del engaño y volver a mirar dentro de las filas de MORENA a los retrógradas de siempre, a los represores de siempre, a los empresarios de siempre. Y lo mismo aplica a otros partidos, pero no nos centramos en su crítica, porque es MORENA quien se presenta como una propuesta de “izquierdas”.

Es reconocer que no ocurrirá nada mágico después de la jornada electoral. Y que al estar en el gobierno veremos una cara amable aplicando “medidas dolorosas, pero necesarias” para cumplir con las demandas del capitalismo. Al mismo tiempo que se combaten casos de corrupción puntuales, una u otra reforma social que calme los ánimos, mientras el país sigue su derrotero hacia la descomposición.

Usted sabrá si vota o no, pero recuerde: Es el mismo perro, usted elegirá un nuevo collar, pero no podrá elegir que el perro no lo muerda, sólo que ahora moverá la cola antes de hacerlo.