De la militarización pasiva a la activa

A finales de los años noventa, Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, planteaba que la seguridad pública se encontraba en una fase de militarización pasiva y que dicha estrategia obedecía a un reacomodo geostratégico y funcional del imperio estadounidense al final de la guerra fría. El campo de experimentaciones había sido Colombia y la inclusión de los los militares de ese país no sólo en tareas de contrainsurgencia sino en el combate al narcotráfico. De esta manera, los ejércitos nacionales latinoamericanos dejaban sus funciones de “defensa de la soberanía” a tareas de seguridad interna. Las élites militares latinoamericanas educadas en la “Escuela de las Américas” habían sido adiestradas en técnicas de control social, disolución de movimientos de resistencia y espionaje de las organizaciones sociales. De esta manera, las fuerzas armadas latinoamericanas pasaban estar supeditadas a las agencias norteamericanas (DEA, FBI) y bajo el control del Pentágono.
Al debilitarse los estados nacionales y amplificarse la corrupción de las corporaciones policiacas, las élites transnacionales y la burguesía nacional propugnaron por la incorporación de los militares en tareas de seguridad, entendida no como la protección social, sino como contención de los movimientos sociales. De que así fue, se destaca, porque los índices de delitos y el crecimiento de la delincuencia organizada no sólo no disminuyó durante los dos últimos sexenios, sino que se incrementaron en términos absolutos; de ahí, que la incorporación de los militares en tareas de seguridad fue la cortina de humo para que el ejército atendiera directamente la contención social.
Sin embargo, ello ha derivado en un mayor debilitamiento del Estado Mexicano, lo que a futuro significará un mayor control de las corporaciones estadounidenses y una participación más activa en suelo mexicano a la manera de Colombia.
No obstante lo anterior, López Obrador, en entrevista con Joaquín López Dóriga, nos sale con que hay que darle participación a los militares en tareas de seguridad, no sólo violentando aun más el orden constitucional, sino a contracorriente de las luchas tradicionales de la izquierda (lo que remarca aun más que él no es de izquierda.) Ya el PRD ha mostrado su beneplácito anteriormente en que los militares hagan funciones de policía. Durante el gobierno cardenista en el D.F. Enviaron militares a Iztapalapa (la zona con mayores índices de pobreza en aquella ciudad) para guardar la seguridad pública (en realidad controlar y mantener a raya los movimientos sociales que allí se gestaban. No olvidemos tampoco los linchamientos de Tláhuac. Los policías linchados eran militares en tareas de espionaje a organizaciones sociales.
La “Otra Campaña” debe destacar más firmemente este aspecto de la militarización del país. Cuando se habla de militarización pensamos instintivamente en Chiapas y el cerco militar, en Guerrero y el control que ejercen en las montañas del Sur; pero la militarización está aquí, entre nosotros. En los ya cada vez más militares al frente de las secretarías de seguridad, como jefes de las comandancias. La militarización del país ha pasado ya a un accionar más activo. Quieren engañarnos con un sobre dimensionamiento de la delincuencia (El noticiario de López Dóriga y los Hechos de Alatorre se han convertidos en vídeo notas rojas) con el propósito de que aceptemos pasivamente que los militares salgan de sus cuarteles para “protegernos”. El narcotráfico y el lavado de dinero, es un asunto de ricos y los ricos no se van a atacar así mismo. Ante los movimientos sociales hacen salir al ejército, señal de que ven a tales movimientos como enemigos a los que hay que hacer la guerra.
Frente a la militarización la organización social, ese es el escenario.

LA DIFERENCIA OLVIDADA

LA DIFERENCIA OLVIDADA


Desde su aparición pública, el EZLN ha destacado el diálogo a partir del reconocimiento de las diferencias entre los interlocutores, recalcando, en su caso esa diferenciación que llamamos indígena. A su vez, ha entablado diálogos con otros sectores diferenciados como son los homosexuales, las lesbianas, las mujeres, los jóvenes.
Pero no es sino hasta la visita del Delegado Zero a la zona Norte de Chiapas que el vocero de los zapatistas expresó públicamente su agradecimiento a los grupos evangélicos que le dieron apoyo durante los aciagos días de enero de 1994.
Desafortunadamente, ese reconocimiento a los grupos religiosos no católicos no ha estado integrado como interlocutor de la Otra Campaña, sino por el contrario, de manera tácita es discriminado en los documentos de trabajo que constituyen la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Esto quizá se deba a que existe una participación activa de grupos y sacerdotes católicos alineados a la “opción por los pobres” y a la teología de la liberación en la conformación de este proyecto.
En la propuesta denominada “El gobierno Federal Autónomo” leemos en el apartado sobre las iglesias:

“Las distintas iglesias también serán juzgadas por su papel en esta revolución, y lo mismo se les invita a impulsar la victoria secundando a los padres de nuestra Independencia como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio López Rayón, Mariano Matamoros, José Sixto Verduzco, José María Cos… todos ellos sacerdotes del “bajo” clero, cuyos tesoros eran los pobres. Vaya, agradarán al gobierno autónomo las iglesias que NO fomenten la competencia, el individualismo, la apatía política, la resignación a la suerte de miseria, la obediencia a las falsas autoridades, la justicia en otra vida o todo lo que se considere opio y enajenación del pueblo. Queremos que repitan lo que dijo Hidalgo: A la independencia de México yo la vi en el evangelio. Que exhorten al gobierno a cesar la represión como hizo Monseñor Romero en El Salvador. Queremos iglesias cuyos estandartes enarbolen la liberación popular, como hicieron con la virgen de Guadalupe dichos padres de la patria. Iglesias insurgentes de la religión que sea, no del hombro con los opresores que se corroen y apolillan sino con los pobres. Así que no caerá en gracia la iglesia enraizada con los ricos que aborrezca la revolución traicionando el evangelio.* Ni serán agradables las sectas infiltradas al país para ocasionar ruptura social y división entre los mexicanos.

En este mensaje perviven algunos conceptos equivocados sobre la pluralidad de religiones y un referente histórico estrecho. Si bien, efectivamente, algunos grupos religiosos pudiesen estar más ligados a los intereses de la clase dominante, es generalmente el alto clero católico y sus sectas internas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, los más estrechamente ligados, pero no existe en México una organización evángelica, cristiana, o de otras religiones minoritarias, ligadas a los grupos dominantes.
En el caso de las Iglesias Evangélicas Tradicionales, como son los Metodistas, los Bautistas, los Presbiterianos, sus relaciones con el Estado Mexicano han sido siempre de respeto, y siempre han optado más por defender el laicismo que por favorecer la participación activa de las iglesias en la vida política. Fueron estos grupos y no el clero católico quien apoyó a Juárez, y que participaron activamente con los zapatistas en su lucha revolucionaria contra Díaz y Huerta. De estas organizaciones emanaron las primeras misiones alfabetizadoras en la época de Cárdenas. Además, sus direcciones son nacionales y sólo tienen relaciones fraternas con organizaciones internacionales de su misma filiación.
En lo que se refiere a los grupos pentecostales, sus formas de organización es generalmente autónoma y salvo los grupos asociados con teleevangelistas, su participación y visión social tiende a organizar a sus feligreses en proyectos de desarrollo social.
Con respecto a los Testigos de Jehová y los Santos de los Últimos Días, los primeros tienden a tener relaciones distantes con el Estado y a fomentar la autonomía entre sus miembros, los segundos, con sus programas de autosuficiencia y una marcada política de separación de la iglesia del estado, se centran más en la autogestión.
Por tanto, es un mito que debe de ser ya superado eso de “sectas infiltradas en el país para ocasionar ruptura social y división de los mexicanos” No es la creencia religiosa particular lo que divide a los mexicanos, sino las relaciones de desigualdad y opresión. En el caso mexicano no existe evidencia de que las iglesias no católicas (y no sectas, como se usa peroyativamente) hayan causado división en el país o en las comunidades. Las divisiones comunitarias se deben principalmente a la intolerancia religiosa. También debemos desarraigar la idea subyacente, de que ser indígena y mexicano es ser católico-guadalupano, con “tradiciones que nos dan identidad”, sino que por el contrario, debemos analizar si dichas “tradiciones” constituyen un referente para analizar la mexicanidad o si por el contrario, nos envuelven en el estado de cosas que han creado la crisis social en que vivimos.
Yo no niego que haya grupos afines al poder no católicos, como el caso de la Luz del Mundo y su relación con Calles y el PRI, pero en general han sido los representantes del alto clero católico los que han puesto en riesgo la integridad nacional.
Es necesario que en el reconocimiento de la diversidad que propugna el EZLN y los adherentes a la sexta, se haga mención y se reconozca de manera positiva los aportes de los no católicos y de los que no profesan alguna religión a la construcción de la nueva nación