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miércoles, 28 de octubre de 2009
Algunos apuntes sobre el Asalto a Luz y Fuerza del Centro
Algunos apuntes más sobre tamaña ilegalidad militarizada como lo es el asalto a LyFC
1. Es inconstitucional que para el cierre de una empresa se tenga que recurrir al uso de la Policía Federal Preventiva, entre cuyas atribuciones legales no se encuentra el de participar en la liquidación de empresas. Dicho antecedente podría permitir en un futuro próximo darle atribuciones a dicha policía para detener cualquier movilización obrera o de huelga. Y dado que no es una atribución legal, entonces es un asalto armado contra un patrimonio nacional.
2. El argumento de que L y FC recibía transferencias por el orden de 41, 945 millones de pesos, olvida que un alto porcentaje de dichas transferencias iban a parar a CFE por la prestación de servicios que la CFE ha subrogado a particulares y no como mentirosamente afirma Calderón, por que la nómina sea alta. Desde 1975, se le impidió a LyFC el crecer en infraestructura y capacidad de generación. La CFE, vende dicha energía a un precio más caro a LyFC, porque tiene que pagar a empresas privadas dicha producción.
3. Al igual que con PEMEX o el IMSS, de manera deliberada los sucesivos gobiernos federales, pero en particular los emanados del PAN, establecieron una política de descapitalización de la empresa, con el fin generar una quiebra artificial que permita su privatización.
4. Las tarifas del servicio eléctrico y otros servicio públicos, no los fijan las empresas públicas, sino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (SHCP), y esta secretaría ha implementado una política de subsidio a los grandes empresarios y de aumentos continuos al consumo doméstico, descapitalizando a LyFC y transfiriendo con ello las utilidades a manos privadas, que no invierten en la generación de energía y cuyas riquezas obtenidas no se quedan en el país. Además, con las recientes iniciativas de reforma fiscal, pretenden transferir la infraestructura de CFE, a empresas privadas, con diferimiento de pagos, para que la empleen en proporcionar servicios de Internet cuyos precios en México son altísimos.
5. Luz y Fuerza del Centro, no es una empresa propiedad del gobierno Federal, ya que el 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es propiedad de la Nación. Eso hace también inconstitucional al decreto calderonista, ya que el Congreso es el único que tiene facultades para legislar en materia de Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, el señor Calderón debe ser sujeto de juicio político.
6. La batalla de Calderón contra el SME y LyFC es la continuación de la guerra iniciada por el intento de privatización de Pemex, Calderón necesita justificar ante sus amos, que algo hizo en dicha materia, que "valio la pena" establecer dicho gobierno espurio. Hasta julio de 2009 la Comisión Repartidora (digo, Reguladora) de Energía ha otrogado 772 permisos a particulares para la producción de Energía, lo que representa el 35% de la capacidad instalada. Una buena parte de las comisiones y contratos han ido a parar a familiares y amigos del calderonismo.
7. Dado que aun subsiste la fuente de trabajo, no puede declararse la terminación de las relaciones obrero patronales, y en todo caso, estaríamos hablando de sustitución patronal, lo que implica la subsistencia del contrato colectivo de trabajo.
8. Efectivamente el burocratismo, nepotismo, la incapacidad, negligencia y la corrupción del SME podrían predisponernos contra ellos, en lugar de los actos de terrorismo de estado aplicado por el calderonismo; pero aquí hablamos de derechos laborales fundamentales e inherentes a cada trabajador. Rechazar las conquistas logradas por dicho sindicato es rechazar las posibilidades, como obrero de obtener las mismas conquistas, pero sobre todo abre la puerta a consentir las reformas laborales que el calderonismo pretende imponer en lo inmediato.
9. Los ciudadanos solidarios, no deberían de pagar los recibos de Luz en las zonas donde operaba LyFC, pagarlos es validar las acciones inconstitucionales del calderonismo; por el contrario, deben crearse redes vecinales en defensa de la soberanía energética, que entre otras cosas, impidan el corte de energía eléctrica. En tanto, que los ciudadanos que hacemos uso de los servicios de CFE debemos de organizarnos a fin de disminuir las tarifas en el suministro de Luz y hacer públicos los contratos con las compañías extranjeras.
10. Como parte de las estrategias, debemos de fortalecer las convocatorias a una huelga nacional y dado que el Estado y el PRI tienen el control de la mayoría de los sindicatos, esta lucha debe ir más allá, a fin de arrebatarles dicho control. No sumarnos, sería un error histórico.
1. Es inconstitucional que para el cierre de una empresa se tenga que recurrir al uso de la Policía Federal Preventiva, entre cuyas atribuciones legales no se encuentra el de participar en la liquidación de empresas. Dicho antecedente podría permitir en un futuro próximo darle atribuciones a dicha policía para detener cualquier movilización obrera o de huelga. Y dado que no es una atribución legal, entonces es un asalto armado contra un patrimonio nacional.
2. El argumento de que L y FC recibía transferencias por el orden de 41, 945 millones de pesos, olvida que un alto porcentaje de dichas transferencias iban a parar a CFE por la prestación de servicios que la CFE ha subrogado a particulares y no como mentirosamente afirma Calderón, por que la nómina sea alta. Desde 1975, se le impidió a LyFC el crecer en infraestructura y capacidad de generación. La CFE, vende dicha energía a un precio más caro a LyFC, porque tiene que pagar a empresas privadas dicha producción.
3. Al igual que con PEMEX o el IMSS, de manera deliberada los sucesivos gobiernos federales, pero en particular los emanados del PAN, establecieron una política de descapitalización de la empresa, con el fin generar una quiebra artificial que permita su privatización.
4. Las tarifas del servicio eléctrico y otros servicio públicos, no los fijan las empresas públicas, sino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (SHCP), y esta secretaría ha implementado una política de subsidio a los grandes empresarios y de aumentos continuos al consumo doméstico, descapitalizando a LyFC y transfiriendo con ello las utilidades a manos privadas, que no invierten en la generación de energía y cuyas riquezas obtenidas no se quedan en el país. Además, con las recientes iniciativas de reforma fiscal, pretenden transferir la infraestructura de CFE, a empresas privadas, con diferimiento de pagos, para que la empleen en proporcionar servicios de Internet cuyos precios en México son altísimos.
5. Luz y Fuerza del Centro, no es una empresa propiedad del gobierno Federal, ya que el 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es propiedad de la Nación. Eso hace también inconstitucional al decreto calderonista, ya que el Congreso es el único que tiene facultades para legislar en materia de Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, el señor Calderón debe ser sujeto de juicio político.
6. La batalla de Calderón contra el SME y LyFC es la continuación de la guerra iniciada por el intento de privatización de Pemex, Calderón necesita justificar ante sus amos, que algo hizo en dicha materia, que "valio la pena" establecer dicho gobierno espurio. Hasta julio de 2009 la Comisión Repartidora (digo, Reguladora) de Energía ha otrogado 772 permisos a particulares para la producción de Energía, lo que representa el 35% de la capacidad instalada. Una buena parte de las comisiones y contratos han ido a parar a familiares y amigos del calderonismo.
7. Dado que aun subsiste la fuente de trabajo, no puede declararse la terminación de las relaciones obrero patronales, y en todo caso, estaríamos hablando de sustitución patronal, lo que implica la subsistencia del contrato colectivo de trabajo.
8. Efectivamente el burocratismo, nepotismo, la incapacidad, negligencia y la corrupción del SME podrían predisponernos contra ellos, en lugar de los actos de terrorismo de estado aplicado por el calderonismo; pero aquí hablamos de derechos laborales fundamentales e inherentes a cada trabajador. Rechazar las conquistas logradas por dicho sindicato es rechazar las posibilidades, como obrero de obtener las mismas conquistas, pero sobre todo abre la puerta a consentir las reformas laborales que el calderonismo pretende imponer en lo inmediato.
9. Los ciudadanos solidarios, no deberían de pagar los recibos de Luz en las zonas donde operaba LyFC, pagarlos es validar las acciones inconstitucionales del calderonismo; por el contrario, deben crearse redes vecinales en defensa de la soberanía energética, que entre otras cosas, impidan el corte de energía eléctrica. En tanto, que los ciudadanos que hacemos uso de los servicios de CFE debemos de organizarnos a fin de disminuir las tarifas en el suministro de Luz y hacer públicos los contratos con las compañías extranjeras.
10. Como parte de las estrategias, debemos de fortalecer las convocatorias a una huelga nacional y dado que el Estado y el PRI tienen el control de la mayoría de los sindicatos, esta lucha debe ir más allá, a fin de arrebatarles dicho control. No sumarnos, sería un error histórico.
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