PEMEX: LA CUESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL PROYECTO DE NACIÓN

PEMEX: LA CUESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL PROYECTO DE NACIÓN
“Pero tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales” (Andrés Manuel López Obrador, Un proyecto alternativo de nación)

En estos días la discusión en torno al proyecto de Calderón de privatizar áreas claves de PEMEX, se ha centrado más en la cuestión de la estrategia de resistencia que en presentar un proyecto que no sólo frene la iniciativa entreguista, sino que plantee un modelo diferente en el sector energético de país. Sentarse a dialogar o pararse en la tribuna para discutir tan envenenada trampa, es un reconocimiento tácito de que la misma es perfectible, enmendable y negociable. Pero, obviamente, el reflexionar sobre una propuesta diferente nos lleva a reconocer que el asunto a discutir no es PEMEX, sino el proyecto de nación.

Aunque mediáticamente pareciera que la resistencia a la contrarreforma anticonstitucional presentada por Calderón sólo se centra en las movilizaciones lopezobradoristas, estás últimas tampoco se han planteado un proyecto. He dialogado con representantes del gobierno de López Obrador, preguntando por la propuesta, la única respuesta está en una delimitación de las estrategias de resistencia, pero la mayoría ignora cual es la propuesta de su líder en torno al tema, y lo ignoran, porque sustancialmente, la propuesta es la misma: La privatización de PEMEX. La diferencia está sólo en la forma de gestión de la empresa, en los matices de la privatización. Centrarnos en la dicotomía Calderón-Obrador es reducir la discusión e ignorar a los demás actores sociales.

La cuestión de PEMEX pasa necesariamente por la cuestión energética y por ende en la alimentaria, área ésta última ya privatizada con la reforma salinista al 27 constitucional, dado que involucra a los biocombustibles cuya base es el maíz. Se requiere de un marco regulatorio que protega la base alimentaria mexicana, al mismo tiempo que se proteja la biodiversidad y se impulse el desarrollo tecnológico, que pasa necesariamente por la aportación de mayores recursos a las universidades públicas.

También es necesario dar marcha atrás a la contrarreforma salinista que permitió con el aval de la Suprema Corte de Justicia la privatización de la industria petroquímica, dejando en manos irresponsables y en empresarios de dudoso enriquecimiento y procedencia un área tan estratégica como pujante. la reforma calderonista, con el aval y beneplácito del PRI, sólo es una continuación de dicha contrarreforma, con el propósito de pagar los favores por financiamientos ilícitos durante la campaña presidencial.

Siendo PEMEX la principal fuente de financiamiento del Estado Mexicano, el modelo fiscal al que está sometido, es confiscatorio y empobrecedor. El marco fiscal mexicano está diseñado para que los grandes empresarios y las multinacionales aporten muy poco al herario público, al mismo tiempo que la falta de tales recursos se obtiene de la paraestatal. De tal manera que la renta petrolera termina parando indirectamente en el finaciamiento de tales empresas. Así que un proyecto en torno a la cuestión energética pasa por una reforma fiscal más distributiva y una penalización mayor para los delincuentes de “cuello blanco.”

La deuda total consolidada de PEMEX vía los famosos Pidiregas corresponde al 72% del Producto Nacional Bruto del país (PNB). En 2007 pagó por tales conceptos 88 mil 400 millones de pesos, el equivalente al presupuesto del Distrito Federal. De tal manera que el capitalismo financiero es dueño ya de toda la riqueza futura de PEMEX instrumentos llamados "Pidiregas", PEMEX. Por ello es necesario desconocer tal deuda y buscar fuentes alternas de financiamiento de la paraestatal.

El personal con que labora PEMEX ha visto reducida su plantilla en aproximadamente un 40% al mismo tiempo que la empresa ha aumentado su producción. Las élites priístas y panistas han transferido tales tareas a empresas privadas, con contratos ilícitos y con cláusulas obscuras, cuyo contenido está reservado por “cuestiones estratégicas” Tales empresas, como Ivancar, o como las de los Bribiesca sólo son la punta del iceberg de la corrupción. Las condiciones con las que laboran los obreros son precarias, con mínima seguridad, con contratos laborales que violan las disposiciones fundamentales de la Ley Federal de Trabajo y con una mayor exposición a riesgos y tragedias ecológicas y humanas, dado que muchas de esas empresas subrogadas desconocen las metodologías y los requisitos de operación, así como las Normas Oficiales para operar las áreas para las que fueron contratadas. La diferencia con la actual propuesta de contrarreforma de Calderón y aliados es que ésta, además propone expresamente eliminar los requisitos para establecer estos convenios, por lo que de nueva cuenta las utilidades petroleras pasan a manos privadas. Pero esto mismo sucede no sólo con PEMEX, sino en todos los ámbitos de contratación y de subrogación de obras y responsabilidades públicas en los distintos niveles de gobierno. Los sonados casos de corrupción de las élites perredistas en la ciudad de México en la contratación de la obra pública, son sólo una muestra del entramado por el cual los recursos públicos pasan a manos privadas. De tal manera que se debe legislar y transparentar las formas de contratación de servicios y obras. Pero en el caso de PEMEX, con el personal con que cuenta y con su maquinaria puede ejecutar la mayoría de sus actividades sin la contratación privada, y en mejores condiciones laborales.

Lo anterior implica la implementación de un sistema que permita la transparencia y la participación de la población en la revisión de las cuentas nacionales. Es necesario un mecanismo alterno de auditoria donde participen las universidades públicas, los colegios de contadores. A su vez, todo contrato gubernamental a todo nivel debiera ser publicado tanto en la Internet, como en otros medios de acceso a la información. En el caso de PEMEX, es necesario que sean publicados los contratos realizados con el sector privado por lo menos en los últimos diez años. Es el primer paso para evitar el tráfico de influencias.

Coincido en que es necesario la creación de nuevas refinerías y la participación de PEMEX de manera preponderante en la petroquímica secundaria y en el desarrollo de plantas liquidificadoras de gas. Siendo un país productor de petróleo, no podemos seguir transfiriendo la renta petrolera en la adquisición de gas y gasolina a compañias extranjeras a precios altísimos, porque en el fondo eso es privatización e ingerencia de las petroleras extranjeras en la política energética del país. El proyecto neoliberal ha impedido artificialmente la creación de nuevas petroquímicas nacionales con el propósito de arruinar artificialmente nuestra industria petrolera. Nuestros gasoductos apuntan a nuestro vecino del norte, que nos devuelve el gas ya procesado a precios impagables; lo que repercute en el alto costo de producción de la energía eléctrica y por ende en todo el aparato productivo y en las familias.

Dado que las reservas petroleras son limitadas, es necesario ya, invertir y nacionalizar las formas alternativas de producción de Energía, antes de que tan rentables industrias sigan en manos privadas.

En la cuestión del transporte de los hidrocarburos, la propuesta calderonista es la ampliación de una política ya aplicada al dicho sector. La privatización de un sector estratégico como las comunicaciones, pasó por el desmantelamiento de Ferrocarriles Nacionales, la venta de las principales aerolíneas, la privatización de carreteras, estaciones de servicios, espacio aéreo, con sus consecuentes efectos medioambientales. Con una renacionalización de Ferrocarriles Nacionales y el desarrollo de una flotilla de transportación nacional, no es necesario la contratación de empresas privadas de transportación.

Democratizar el sindicato petrolero y transparentar sus recursos es una tarea urgente y que no se ha tomado mucho en cuenta en el debate en torno a la reforma energética. En él se encuentra la principal fuente de corrupción que permite pervivir al PRI y al mismo tiempo coadyuva con la intentona golpista de Calderón. Ello pasa por una reforma laboral que plantee formas democráticas de elección y como organizaciones públicas la publicación de sus Estados Financieros y auditorias externas.

Quienes reciben el mayor impacto de la presencia de PEMEX son las comunidades en que se asienta. Por lo mismo es necesario que en el consejo administrativo local y nacional estén representados los pueblos y comunidades que se ven afectados por las actividades de PEMEX, a fin de que tengan voz y voto en sus decisiones. En tanto que Calderón propone la creación de un Consejo de notables designados por el ejecutivo y sin rendición de cuentas a ninguna instancia; dada la importancia estratégica de la paraestatal la constitución de sus consejos debe de representar también a especialistas, a los obreros, a los gobiernos, municipios y pueblos y de ser posible mediante mecanismo de elección popular.

En el caso de la renta petrolera, una vez saneada y reinvertida para el óptimo funcionamiento de la empresa, y cumpliendo con su participación en el ingreso nacional, parte de dicha renta debe ser destinada de manera directa a la población mexicana, propietaria originaria de dicha empresa, medida que pudiera reactivar la economía y disminuir de manera directa la pobreza.