Formal prisión a cinco indígenas de Ayutla; el juez no aceptó su declaración

Formal prisión a cinco indígenas de Ayutla; el juez no aceptó su declaración

Zacarías Cervantes / Ayutla

El juez mixto de primera instancia de este municipio, Alfredo Sánchez Sánchez, dictó ayer auto de formal prisión a los cinco indígenas de El Camalote acusados por el homicidio del presunto paramilitar Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1 de enero pasado en esa comunidad.
El juez argumentó que su decisión se debió al señalamiento directo de dos testigos y que al cumplirse el plazo legal, la defensa no presentó las pruebas y las declaraciones de los acusados.
Previo a la declaratoria de la resolución, representantes de organismos nacionales y extranjeros de derechos humanos, acudieron al Juzgado Mixto de Primera instancia poco antes de las cuatro de la tarde, hora en que se vencía el plazo para declarara el auto de formal prisión o de libertad, e increparon al juez Alfredo Sánchez, a quien acusaron de actuar por consigna debido a que se negó a recibir la declaración por escrito de los detenidos y las pruebas de su inocencia.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, le explicó que el objetivo de su presencia no era para pedir la libertad de los detenidos, sino para que su resolución de ajustara a derecho, pues dijo que le parecía grave que no se estuviera ajustando a los cánones nacionales e internacionales al negarse a aceptar su declaración.
El funcionario judicial les explicó que hubo dilación de la defensa y que a pesar de que solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 horas, fue hasta minutos antes de que se venciera el mismo cuando pretendieron presentar la declaración de los detenidos; argumentó que ya no tendría tiempo para leerla antes de emitir su resolución.
La secretaria Técnica de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo, le dijo que la defensa estaba dentro del término constitucional y que al negarse a recibir su declaración les estaba violando sus derechos, mientras que la secretaria de Derechos Humanos del Comité Estatal del PRD, Aurora Muñoz, lo acusó de estar actuando por línea y por consigna.
Finalmente, ya casi a las cuatro de la tarde, el juez les dijo que el plazo se había vencido y que a esa hora se trasladaría al Centro de Readaptación Social para informarle su resolución a los detenidos; sin embargo, el juez llegó al penal hasta media hora después, pues cuando los representantes de los organismos de derechos humanos llegaron al juzgado, el funcionario estaba viendo un partido de futbol por televisión.
Al salir del Centro de Redaptación Social, un medio centenar de indígenas y algunos de los representantes de derechos humanos que se encontraban afuera, le gritaron "vendido" y lo acusaron de recibir línea para emitir su resolución.
Mientras tanto, el abogado de Tlachinollan, Viliulfo Rosales Sierra, informó que va a recurrir a un amparo para revertir la resolución del juez; denunció que su resolución no estuvo apegada a derecho al negarse a recibir la declaración de los detenidos.